Redacción
México.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de reforma para recortar más de 20 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. Esta propuesta busca la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con el objetivo de que todas las disponibilidades de estos fondos y fideicomisos se reintegren a las finanzas del Estado mexicano.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ha presentado esta iniciativa que también incluye la expedición de una ley orgánica del poder judicial de la federación en materia de fondos y fideicomisos.
En la exposición de motivos, Mier Velazco argumenta que México está en un momento de “refundación institucional” y que el Poder Judicial debe aplicar la austeridad como parte de esta transformación. La iniciativa busca eliminar gastos y beneficios considerados excesivos, incluyendo una serie de prestaciones y apoyos financieros que los ministros del Poder Judicial reciben además de su salario.
Entre las prestaciones mencionadas se encuentran el aguinaldo, la prima vacacional, gastos de alimentación, pago por riesgo de trabajo, apoyo para medicamentos, apoyo de lentes, recursos para contratación de personal en la oficina de cada ministro, estímulo por antigüedad, pago de defunción, ayuda de gastos funerales, seguros de vida y gastos médicos, entre otros.
La propuesta plantea que solo se conserve el “Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia” del Consejo de la Judicatura Federal, mientras que los otros 13 fideicomisos sean extinguidos y sus recursos, que ascienden a 19 mil 789 millones de pesos, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación. La iniciativa también señala que se deben respetar los compromisos contractuales y derechos generados en relación con estos fideicomisos, pero una vez solventados, los recursos federales remanentes también deberán reintegrarse al erario público.
Este recorte presupuestal al Poder Judicial ha generado un debate sobre su impacto en la independencia y eficacia del sistema judicial en México. Algunos argumentan que puede tener consecuencias negativas en la impartición de justicia y en la capacidad de este poder para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.
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