Redacción
México.- México se ha consolidado como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los políticos, según el último informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). En su Índice de Paz México 2024, presentado ayer, el instituto destaca un preocupante aumento de la violencia contra políticos y funcionarios gubernamentales en el país.
El informe detalla que el año pasado se registraron 275 eventos de violencia política, incluyendo 171 homicidios. Las entidades con mayor número de incidentes fueron Guerrero, con 128 casos; Veracruz, con 122, y Oaxaca, con 99.
“Desde 2020, el número de eventos de violencia política ha ido en aumento, alcanzando un punto máximo en 2023”, señala el informe del IEP. Este incremento ha sido fomentado, en parte, por la creciente polarización ideológica y partidista que ha caracterizado al país en las últimas dos décadas. “Las investigaciones han demostrado que la polarización y la fragmentación políticas pueden exacerbar la violencia y socavar los esfuerzos por construir la paz”, añade el documento.
El informe también alerta sobre la influencia de los grupos criminales organizados, que aprovechan las divisiones en los gobiernos locales, estatales y federales para incrementar su poder. Esta explotación violenta de las divisiones gubernamentales ha contribuido a la escalada de violencia política en el país.
En términos generales, el Índice de Paz México 2024 muestra un deterioro en 17 entidades, principalmente debido a la disputa entre cárteles de la droga y la violencia asociada. Colima se destacó nuevamente como el estado menos pacífico del país, seguido de Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas. En contraste, Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico de México, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila.
El informe del IEP subraya la necesidad de abordar la violencia política y la polarización ideológica para mejorar la paz y la seguridad en México. Los datos revelan una urgencia en implementar estrategias efectivas que puedan mitigar estos problemas y proteger a los políticos y funcionarios que enfrentan riesgos significativos en el ejercicio de sus funciones.
