Redacción
Luisiana – Los legisladores del estado de Luisiana aprobaron el miércoles una controvertida iniciativa de ley que autoriza a las agencias policiales estatales y locales a detener y encarcelar a personas que hayan ingresado a Estados Unidos de manera ilegal. La medida, que sigue la tendencia de otros estados republicanos, podría llegar pronto al despacho del gobernador Jeff Landry.
En medio de las disputas entre los estados republicanos y el presidente demócrata Joe Biden sobre la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México, una creciente lista de estados ha aprobado leyes para aplicar controles migratorios más estrictos. Sin embargo, estas leyes enfrentan impugnaciones legales en Iowa, Oklahoma y Texas.
Texas, por ejemplo, solo pudo aplicar su ley de control migratorio durante unas pocas horas en marzo antes de que las disputas legales se trasladaran a los tribunales federales. Durante ese breve período, las autoridades texanas no reportaron detenciones bajo la nueva ley, evidenciando la falta de preparación e interés entre muchos sheriffs locales para hacerla cumplir. La ley de Texas permanece en suspenso mientras un panel de un tribunal federal de apelaciones delibera sobre su legalidad, sin una fecha clara para el dictamen final.
La iniciativa de ley de Luisiana busca ampliar la autoridad de las policías estatal y locales, tipificando el delito de “entrada o reentrada ilegal” en el estado. Esta infracción podría ser castigada con hasta un año de prisión y una multa de 4,000 dólares por un primer delito, y con hasta dos años de prisión y una multa de 10,000 dólares por reincidencia.
La senadora republicana Valarie Hodges, impulsora de la iniciativa, afirmó que la ley “iniciaría el proceso de deportación”. No obstante, la aplicación de la ley migratoria y las deportaciones han sido tradicionalmente responsabilidad exclusiva de las agencias federales.
Los defensores de la ley argumentan que es necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses y acusan al gobierno federal, particularmente a Biden, de no cumplir con su deber de hacer cumplir las leyes migratorias. Por otro lado, el gobierno de Biden ha criticado la iniciativa, afirmando que usurpa ilegalmente funciones federales y es inconstitucional. Los detractores también argumentan que no mejorará la seguridad y alimentará una retórica negativa contra los inmigrantes.
En otros estados, legislaturas con mayoría republicana también han impulsado medidas migratorias más estrictas. La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó una ley que prohíbe usar recursos estatales para proporcionar prestaciones a inmigrantes indocumentados. En Tennessee, una nueva ley obliga a las fuerzas del orden a comunicarse con las autoridades federales de inmigración si descubren a personas sin permiso de residencia. Oklahoma e Iowa tienen previstas leyes similares a la de Texas para entrar en vigor en julio.
La iniciativa de ley de Luisiana fue aprobada en la Cámara de Representantes en bloques partidistas, tras solo tres minutos de debate y sin oposición en el estrado. Ahora regresará al Senado, de mayoría republicana, para la aprobación de enmiendas menores. Si el Senado está de acuerdo, la ley será enviada al gobernador Jeff Landry, un firme defensor de la participación estatal en la aplicación de la ley migratoria.
Si el gobernador Landry firma la iniciativa, esta solo entraría en vigor si la Corte Suprema federal ratifica la ley de Texas o si se modifica la Constitución de Estados Unidos para otorgar más poder a los estados en la aplicación de la ley fronteriza. A pesar de no tener frontera con México, Luisiana ha incrementado su enfoque en políticas dirigidas a inmigrantes indocumentados bajo el nuevo gobierno conservador.
Recientemente, los legisladores de Luisiana también aprobaron una iniciativa que prohibiría las políticas de ciudad santuario, obligando a las policías locales a cooperar con los funcionarios federales de inmigración, a menos que lo prohíba un tribunal.
