La reciente incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha desatado un intenso debate sobre la militarización de la seguridad en México. Este movimiento, que parece ser una respuesta a la creciente violencia y criminalidad, plantea serias dudas sobre la efectividad de las políticas implementadas por el gobierno federal y, en particular, sobre la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La militarización de la seguridad pública no es un tema nuevo en México, pero la medida actual representa un cambio significativo en la forma en que se abordan los problemas de seguridad. La Guardia Nacional, concebida inicialmente como una fuerza civil, ahora queda bajo el mando de las Fuerzas Armadas, lo que podría socavar los principios de un enfoque civil en la seguridad pública. Este panorama genera preocupación sobre la posibilidad de que se priorice el uso de la fuerza militar en lugar de estrategias más integrales que aborden las causas profundas de la violencia.
Los resultados del gobierno federal en materia de seguridad son, en el mejor de los casos, cuestionables. A pesar de las promesas de un enfoque distinto y más humano, las cifras de homicidios y violencia siguen siendo alarmantes. La política de “abrazos, no balazos” ha sido criticada por su falta de eficacia, ya que no ha logrado contener el aumento de la criminalidad ni ha proporcionado una sensación de seguridad a la población. En lugar de consolidar la paz, parece haber llevado a una mayor impunidad y desconfianza en las instituciones.
La decisión de militarizar aún más la seguridad pública plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia y los derechos humanos en México. La historia ha demostrado que el uso de la fuerza militar en asuntos de seguridad civil puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo violaciones de derechos humanos y un aumento en la desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones. La falta de resultados tangibles en la lucha contra la violencia sugiere que este enfoque no solo es ineficaz, sino también riesgoso.
Es crucial que el gobierno federal reevalúe su estrategia y busque alternativas que prioricen el diálogo, la prevención y el fortalecimiento de las instituciones civiles. La seguridad no se logra únicamente a través de la fuerza, sino también mediante la construcción de comunidades resilientes y la atención a las causas sociales que alimentan la violencia.
En conclusión, la militarización de la seguridad en México, evidenciada por la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, no es la solución que el país necesita. La falta de resultados en la política de “abrazos, no balazos” y los riesgos asociados con la militarización plantean un desafío urgente para la administración actual. Es momento de replantear el enfoque hacia una estrategia que busque realmente la paz y la seguridad a través de la justicia social y el respeto a los derechos humanos.
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