Redacción
Estados Unidos.– Un juez federal ha bloqueado temporalmente al presidente Donald Trump para que no restrinja quién es elegible para la ciudadanía estadounidense automática al nacer, en un revés legal temprano para la agenda de migración de línea dura de la nueva administración.
El juez de distrito John Coughenour en Seattle calificó la orden ejecutiva de Trump de “descaradamente inconstitucional” y cuestionó la calidad de los abogados dentro de la administración. En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden que niega la ciudadanía automática a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, para el caso de personas que ingresaron al país ilegalmente o tienen un estatus legal temporal.
La orden de Coughenour impedirá que la administración adopte medidas para cumplirla durante 14 días y se aplicará en todo el país. El juez, que fue nombrado durante el mandato del ex presidente Ronald Reagan hace más de 40 años, considerará a continuación si firma una orden judicial de mayor duración. El juez anunció su decisión desde el estrado este jueves inmediatamente después de escuchar los argumentos.
La administración enfrenta al menos seis demandas judiciales por la orden. Los jueces federales de Maryland y New Hampshire tienen audiencias programadas para las próximas semanas para considerar si también bloquearán la entrada en vigor de la orden.
La orden, que entraría en vigor en su totalidad el 19 de febrero, incluye a padres y madres que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales e incluye a aquellos que sean estudiantes o tengan visas de trabajo o de turista.
La orden de Coughenour se produjo en el marco de un caso presentado por un grupo de funcionarios estatales demócratas encabezados por el fiscal general de Washington, Nick Brown. Los estados sostienen que la acción de Trump viola la antigua ley de inmigración estadounidense y el texto explícito de la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense.
La 14ª enmienda, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil para aclarar la situación de las personas que habían sido esclavizadas, ha sido interpretada durante mucho tiempo por los tribunales como una enmienda que otorga la ciudadanía a casi todos los bebés nacidos en suelo estadounidense. Establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.
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