Redacción
Venezuela.- Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha revelado que existen “motivos razonables” para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El documento, que abarca el periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, destaca la persecución sistemática de opositores y la represión de las protestas posteriores a los comicios.
El informe de 158 páginas detalla cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados progubernamentales estuvieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. Según la misión, estas prácticas represivas fueron dirigidas principalmente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
El reporte también señala que las máximas autoridades del Estado incitaron a la represión a través de declaraciones que fomentaron un clima de hostilidad y violencia, especialmente tras el anuncio de los resultados electorales. Marta Valiñas, jurista portuguesa que preside la misión de la ONU, advirtió que la represión aumentó significativamente tras los comicios, alcanzando un nivel comparable con las masivas detenciones durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.
Entre las instituciones señaladas en el informe se encuentran el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de incumplir medidas básicas de transparencia, y la Asamblea Nacional, responsable de aprobar leyes que restringen los derechos humanos y el espacio cívico en el país. Asimismo, se denunció la falta de independencia del sistema judicial venezolano, lo que ha permitido la perpetuación de estas violaciones.
El documento destaca que el perfil de las víctimas se amplió considerablemente durante el periodo electoral, afectando no sólo a líderes de la oposición y activistas sociales, sino también a ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados de las elecciones.
En los meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración, principalmente en la operación denominada “Brazalete Blanco”, mientras que otras 121 personas fueron arrestadas durante la campaña electoral por colaborar con la oposición.
La misión de la ONU, compuesta por los expertos Marta Valiñas, Francisco Cox de Chile y Patricia Tappatá de Argentina, concluyó que la represión fue selectiva pero también masiva e indiscriminada, y que las detenciones y actos de violencia cometidos por el gobierno de Maduro deben ser investigados como crímenes de lesa humanidad.
