México- Entre 2019 y 2024, el Gobierno mexicano dejó de recaudar aproximadamente 554 mil 750 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debido al llamado “huachicol fiscal” de gasolinas, revelan análisis basados en discrepancias entre los reportes de exportación de la Energy Information Administration (EIA) de Estados Unidos y los de importación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Este tipo de evasión ocurre cuando el combustible entra al país, pero se declara como hidrocarburo de baja calidad, aceites o aditivos, con lo que se evita el pago de impuestos como el IEPS e incluso el IVA. En total, se habrían introducido 120 mil 726 millones de litros de gasolina sin declarar correctamente en este periodo.
Solo en 2023, la diferencia entre los reportes de importación fue de 19 mil 987 millones de litros, lo que representa una pérdida fiscal de 104 mil 224 millones de pesos, tomando en cuenta la cuota del IEPS vigente ese año (5.2146 pesos por litro).
La consultora PetroIntelligence alertó que en 2024 la evasión fiscal por gasolina y diésel pudo haber alcanzado los 177 mil 170 millones de pesos, al considerar también el IVA además del IEPS. Según datos del SAT, el contrabando fiscal representa ya el 30% de los combustibles vendidos en estaciones de servicio en el país.
El investigador César Augusto Rivera, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirmó que atacar este fenómeno podría reducir la dependencia del país de los ingresos petroleros, que actualmente representan cerca del 20% del total. “Serían ingresos adicionales que permitirían solventar compromisos del Estado sin recurrir al endeudamiento ni a recortes”, indicó.
Rivera también advirtió que, ante un entorno de declive de la producción petrolera y baja incorporación de nuevas reservas, resulta indispensable cerrar las vías de evasión fiscal en el sector energético.
En febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la necesidad de cambios regulatorios para que una sola institución se encargue de la supervisión integral de los combustibles y su comercialización, como una vía para evitar esta fuga multimillonaria de recursos públicos.
