Redacción
México.- Este miércoles en un comunicado a la Suprema Corte sobre que la idea de eliminar la presión preventiva en delitos graves expondrá a jueces a corrupción y podría afectar a las victimas.
El gobierno defendió que la figura de prisión preventiva oficiosa es necesaria en casos de personas presuntamente criminales acusadas de delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello.
En estos casos, la prisión preventiva busca que las personas señaladas “no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”.
Además, se destaca que al dejar la decisión de otorgar o no la prisión preventiva oficiosa según cada caso, las y los jueces se verían más presionados, además de que se estaría “exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.
El gobierno destacó que se requiere prisión preventiva en delitos de alta gravedad, como el abuso o violencia sexual contra menores de edad, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), delitos de desaparición forzada de personas, entre otros.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, destacó el documento.
