Redacción
Nacional.- El gobierno federal, a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer este martes una lista de más de 24 jueces, juezas y magistrados que han sido señalados por liberar a presuntos delincuentes durante fines de semana o por retrasar la impartición de justicia al no dictar sentencias. La funcionaria subrayó que estas acciones obstaculizan la justicia en México, creando lo que describió como una “justicia lenta” que ha perjudicado a miles de personas.
Entre los mencionados se encuentra el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, quien en enero de este año negó una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen acusado de ser el probable segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Otro caso relevante es el del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, cuyos magistrados concedieron a principios de este año el beneficio de prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, en el proceso que enfrenta por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, el juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro fue señalado por otorgar el mismo beneficio a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en los procesos penales que enfrenta por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez de Quintana Roo fue incluida en la lista por haber concedido prisión domiciliaria al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de tortura y protección a redes de trata infantil.
La secretaria Rodríguez expuso que actualmente hay alrededor de 24 mil personas en procesos penales sin sentencia en el sistema judicial federal. Resaltó el caso de Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, quien lleva más de 18 años en prisión sin recibir una sentencia, lo que ejemplifica las graves consecuencias de la demora en el sistema de justicia.
