Redacción
México. – El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado urgente para que México anule la prisión preventiva obligatoria, también llamada prisión preventiva oficiosa o automática, misma consagrada en la Constitución.
La presidenta del Grupo de Trabajo, Miriam Estrada-Castillo, declaró que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”.
Según comentó Estrada-Castillo, la figura es contraria a la independencia judicial y al deber de justificar los motivos de una detención.
“Pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria”, destacó.
Además, la presidenta del grupo de trabajo recordó que la prisión preventiva oficiosa ha sido utilizada para meter a miles de mexicanos a la cárcel, sin antes haber tenido una investigación y un juicio.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”, afirmó.
El grupo aseguró que está consciente de los desafíos del Gobierno de México en materia de seguridad. Sin embargo, reiteró que la figura de prisión preventiva oficiosa es violatoria de las obligaciones que ha adquirido México para proteger los Derechos Humanos.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este lunes la validez de la prisión preventiva oficiosa. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa representaría “una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo”.