Redacción
Bolivia.- La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó este lunes la presentación de una imputación formal contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de “trata de personas agravada”. Gutiérrez también solicitó una alerta migratoria, tras la negativa del exmandatario a comparecer en el plazo legal de 10 días.
La acusación surge a raíz de una presunta relación entre Morales y una adolescente que, según la denuncia, inició cuando la joven tenía 14 años y con quien habría tenido un hijo dos años después. La madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra, también fue imputada, acusada de entregar a su hija a Morales a cambio de favores.
La joven habría sido parte de “Generación Evo”, un grupo juvenil fundado durante el gobierno del exmandatario (2006-2019). Gutiérrez rechazó las acusaciones de motivación política, subrayando que su actuación se centra en “proteger los derechos de una persona ultrajada”.
Complicaciones en la ejecución de medidas
La aprehensión de Morales ha enfrentado desafíos significativos, según un informe policial leído por la fiscal. Morales permanece resguardado en el Chapare, Cochabamba, bajo la protección de más de 500 seguidores, mientras sus simpatizantes llevaron a cabo bloqueos carreteros durante 24 días para dificultar las operaciones policiales.
El exmandatario denunció la existencia de una campaña en su contra y comparó las acciones legales con una versión moderna del “Plan Cóndor“. En una publicación reciente, Morales afirmó que enfrenta múltiples procesos judiciales y acusó al Gobierno de usar el sistema legal para desacreditarlo.
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