Estados Unidos- En una decisión sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó de manera secreta una directiva para autorizar el uso de la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga, según reveló el diario The New York Times. Esta medida representa el paso más agresivo que su administración emprendió dentro de su campaña para frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, al equiparar a los grupos del narcotráfico con organizaciones terroristas internacionales.
La directiva, dirigida al Departamento de Defensa, sienta las bases legales para que las fuerzas armadas estadounidenses realicen operaciones directas, incluso fuera del territorio nacional o en altamar, contra estos grupos criminales. De acuerdo con fuentes consultadas por el rotativo, oficiales militares comenzaron a delinear posibles estrategias de ataque, lo que abre la puerta a una militarización del combate al narcotráfico más allá de las fronteras de Estados Unidos.
Aunque la medida fue tomada sin la autorización del Congreso, ni con un marco legal claro, Trump defendió su decisión alegando que su mayor prioridad como presidente era “proteger la patria”. La vocera de la Casa Blanca en ese momento, Anna Kelly, justificó que el entonces mandatario había “tomado la audaz decisión de designar a varios carteles y bandas extranjeras como organizaciones terroristas”.
No obstante, la decisión ha generado fuertes cuestionamientos legales y éticos. Expertos consultados por el New York Times advirtieron que el uso de militares estadounidenses en operaciones letales contra presuntos delincuentes —fuera de un conflicto armado oficialmente declarado— podría considerarse una forma de asesinato bajo el derecho internacional y constitucional.
Tampoco se sabe si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia o los abogados de la Casa Blanca y el Pentágono emitieron una opinión formal sobre las implicaciones legales de esta polémica directiva.
El contexto de esta revelación es aún más delicado. Se conoció apenas un día después de que la administración Trump duplicara la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares. Washington acusó a Maduro —sin aportar pruebas públicas— de tener presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y la banda venezolana Tren de Aragua, ambas etiquetadas como “organizaciones terroristas” por la Casa Blanca.
Desde Caracas, el gobierno de Venezuela calificó la acción como una “burda operación de propaganda” y acusó a Estados Unidos de planear acciones desestabilizadoras desde su territorio.
