Irapuato- Tres hombres identificados como Salvador Alfonso, alias “El Chaparro”; Luis Jonathan, conocido como “El Jalisco”, y Manuel, alias “El Mudo”, fueron condenados a 55 años de prisión cada uno por secuestrar y torturar a dos personas en Irapuato. En conjunto, las sentencias suman 165 años de cárcel.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que la resolución fue dictada por un juez el 10 de noviembre de 2026 y quedó firme luego de que las partes renunciaron a su derecho de impugnarla. Los sentenciados tampoco podrán acceder a beneficios para reducir sus condenas.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2024, cuando la primera víctima, un taxista, se encontraba comiendo con un cliente en la colonia El Naranjal. En ese momento fue interceptado por los tres agresores, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron a una casa de seguridad ubicada en la calle Rosendo Salazar, en la colonia Primero de Mayo.
En ese inmueble, el hombre fue golpeado y torturado durante varias horas. Sus captores lo interrogaban para obtener información sobre la venta de drogas en la zona y obligarlo a colaborar con ellos en la comercialización de narcóticos.
Esa misma noche, los tres hombres llegaron armados a un establecimiento nocturno ubicado sobre el bulevar Solidaridad, donde privaron de la libertad al propietario del negocio. Posteriormente, lo subieron a una camioneta con reporte de robo y lo trasladaron al mismo domicilio.
En la casa de seguridad, la segunda víctima también fue interrogada y torturada para obtener información sobre la venta de drogas en su establecimiento y forzarlo a participar en esa actividad.
Tras las investigaciones, la Fiscalía logró ubicar el inmueble y el 6 de abril de 2024 desplegó un operativo para rescatar a las dos víctimas, quienes fueron encontradas amarradas de pies y manos.
Los tres responsables fueron detenidos afuera de la vivienda cuando intentaban ingresar para continuar vigilando a los hombres privados de su libertad.
Por estos hechos, el juez los sentenció por los delitos de privación de la libertad agravada y lesiones gravísimas calificadas. Además de las penas de prisión, ordenó el pago correspondiente por daño psicológico a las víctimas.
