Redacción
Celaya.- El recién electo alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha determinado la baja de 350 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos provenientes de la extinta Policía Federal. Esta medida responde, según el edil, a las reiteradas peticiones de los habitantes del municipio, quienes han expresado su desconfianza hacia estos elementos.
Los agentes despedidos llegaron a Celaya hace seis años, durante administraciones municipales panistas, y fueron incorporados tanto en la Policía Municipal como en los cuerpos de Tránsito y Policía Vial. Provenientes de diversos estados del país, estos agentes recibían un salario de aproximadamente 25 mil pesos mensuales, cifra que contrastaba con el ingreso promedio de un policía local, que no superaba los 13 mil pesos.
Este desbalance salarial generó tensiones entre los policías federales y los locales, las cuales se agudizaron cuando los federales asumieron el control de la Policía Municipal y comenzaron a despedir a elementos locales, bajo la sospecha de que estos últimos estaban vinculados con el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Los gobiernos municipales anteriores, liderados por los panistas Elvira Paniagua Rodríguez y Javier Mendoza Márquez, aceptaron las demandas de los federales en cuanto a mejores sueldos, armamento avanzado y patrullas de última generación, con el objetivo de garantizar la seguridad en Celaya. Aunque los federales lograron detener a algunos generadores de violencia, también sufrieron bajas significativas, tanto en mandos altos como en sus filas. En 2023, 22 policías de Celaya fueron asesinados, y en lo que va de 2024, 18 más han muerto en ataques armados.
La situación se intensificó a principios de septiembre, cuando el Ejército Mexicano tomó el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, alegando una revisión periódica de los permisos de portación de armas. A partir de entonces, los policías federales fueron acuartelados, y las fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional asumieron las patrullas en las calles del municipio.
El alcalde Ramírez Sánchez destacó que, al consultar a los ciudadanos, estos manifestaron su desconfianza hacia los llamados “fedepales” (policías federales), argumentando que preferían una mayor seguridad en lugar de nuevas infraestructuras recreativas. “Nosotros hemos determinado que todos los fedepales, sean buenos, sean malos, sean regulares, se vayan”, declaró el edil.
El gobierno municipal contratará un despacho externo para gestionar los finiquitos de los agentes despedidos, lo que implicará un gasto de 30 millones de pesos del erario público. Ramírez Sánchez también aseguró que los policías federales han sido reemplazados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes ya están vigilando la ciudad en células de seguridad. Esta presencia federal no representará un costo adicional para el municipio, ya que el gobierno federal cubrirá los sueldos de los guardias nacionales y militares, según los acuerdos alcanzados.
Con esta depuración, el nuevo gobierno busca reducir la alta incidencia delictiva que afecta a Celaya y restablecer la confianza de la población en sus cuerpos de seguridad.
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