México– El que ha sido considerado el mayor caso de huachicol fiscal en México enfrenta un giro judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno, dueño de la empresa Impulsora de Productos Sustentables.
La decisión se tomó debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió notificar formalmente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un procedimiento clave dentro del proceso legal relacionado con la importación irregular de diésel.
El caso se remonta a octubre de 2019, cuando la empresa importó al país 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, pero únicamente declaró ante las autoridades aduaneras 7.2 millones de litros.
De acuerdo con las investigaciones, esta operación generó un daño estimado al erario de 173 millones de pesos, derivado tanto de derechos de importación no pagados por el empresario como de impuestos omitidos por el combustible que posteriormente fue comercializado en el mercado negro, entre ellos el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Impulsora de Productos Sustentables fue fundada en 2013, en el contexto de la reforma energética impulsada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que permitió a empresas privadas participar en el mercado de combustibles.
La compañía llegó a convertirse en proveedora de la aerolínea Interjet; sin embargo, para finales de 2021 acumulaba adeudos por mil 191 millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
El diésel involucrado en la investigación fue vendido por Gunvor Group, una multinacional de materias primas con sede en Suiza, la cual fue bloqueada el año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
