Redacción
México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados prevé aprobar un dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 que contempla una reasignación de más de 30 mil 220 millones de pesos, siendo los principales afectados el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El INE enfrentaría un recorte de 13 mil 476 millones de pesos, mientras que el CJF, en vías de ser reemplazado por nuevos organismos tras la reforma judicial, perdería poco más de 13 mil 117 millones. En total, los ajustes al Poder Judicial superarían los 14 mil millones de pesos, incluyendo 714 millones menos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 210 millones al Tribunal Electoral.
Otros organismos autónomos afectados son la Cofece, el IFT y el INAI, que suman recortes de casi 2 mil 162 millones, en línea con su eventual extinción y la transferencia de sus funciones a secretarías de Estado.
Los recursos obtenidos por estos recortes se destinarían principalmente a fortalecer la educación y la infraestructura. De los 44 mil 421 millones de pesos redistribuidos, 17 mil 300 millones irían a subsanar los recortes a universidades públicas, entre ellos 7 mil 124 millones para la UNAM, mil 667 millones para la UAM y 2 mil 938 millones para el IPN.
En infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recibiría 10 mil 720 millones para caminos rurales y la rehabilitación de carreteras. La Sedena tendría un aumento de 6 mil 292 millones, mientras que el sector Cultura recibiría 3 mil millones para fortalecer al INAH y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
El presupuesto también contempla un impulso a nuevas instituciones como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con más de 3 mil millones, y la Secretaría de las Mujeres, que recibiría más de 2 mil millones. Otros rubros beneficiados incluyen Agricultura, con 898 millones adicionales, y la Financiera del Bienestar, con un incremento de mil 106 millones para ampliar sus programas.
Estos ajustes generan debate en torno al equilibrio entre el fortalecimiento de programas sociales y las limitaciones impuestas a instituciones autónomas. Analistas advierten que los recortes podrían impactar la operatividad de organismos clave para la democracia y la impartición de justicia.
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