Guanajuato- Las denuncias por el delito de extorsión en Guanajuato registraron un incremento superior al 14 por ciento entre 2024 y noviembre de 2025, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), lo que ha impactado de manera directa en la economía local y en la permanencia de pequeños y medianos negocios.
Durante 2024, la Fiscalía General del Estado recibió mil 27 denuncias por extorsión, mientras que de enero a noviembre de 2025 la cifra ascendió a mil 172 querellas. En diciembre de 2024 se integraron 113 carpetas de investigación, convirtiéndose en el mes con más reportes de ese año. Para 2025, mayo fue el periodo con mayor incidencia, al concentrar 130 denuncias, de acuerdo a lo publicado por la Jornada.
La problemática ha generado el cierre de decenas de establecimientos en municipios como Irapuato, Salamanca y Celaya, afectando tanto la actividad económica como las fuentes de empleo. En enero del año pasado, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reconoció que el municipio se mantenía en alerta luego de que al menos 14 negocios fueran atacados por extorsionadores, señalando que, pese a las detenciones realizadas, el modus operandi delictivo persistía.
Uno de los casos más visibles fue el del restaurante Sabor Mexicano, en Irapuato, que anunció el cierre definitivo de sus operaciones tras ser víctima de extorsión. A través de redes sociales, su propietario informó que la decisión se tomó para salvaguardar la seguridad personal ante la falta de condiciones para continuar operando.
Como respuesta a este fenómeno, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, creó el Escuadrón Antiextorsión, el cual inició operaciones en octubre de 2024. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Paz, de su arranque a noviembre de 2025, este grupo especial investigó 262 casos de extorsión, atendió con éxito 26 secuestros virtuales y dio seguimiento a mil 447 llamadas de víctimas.
En ese mismo periodo, el escuadrón logró la liberación de una persona privada de la libertad, la localización de 45 ciudadanos y la integración de 122 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía estatal. Además, se evitó el pago de más de 70 millones de pesos relacionados con extorsiones y secuestros virtuales, de acuerdo con la dependencia.
