Redacción
México.- El crimen organizado en México ha intensificado su campaña de terror y intimidación al expandir el uso de narcodrones modificados y adentrarse en la fabricación de ojivas para armas de alta letalidad, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las autoridades militares han reportado un aumento alarmante en la localización de explosivos de fabricación “casera”, especialmente en regiones afectadas por el cobro de piso, como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Zacatecas.
En Michoacán, se ha descubierto la existencia de talleres dedicados a la construcción de ojivas, componentes frontales de proyectiles de alta potencia, equipados con avanzada tecnología, identificados como centros mecanizados.
El uso de narcodrones modificados también ha experimentado un aumento considerable, pasando de un promedio mensual de 112 en 2022 a 126 en 2023, según datos de la Sedena. Guerrero y Michoacán son particularmente destacados en la utilización de estos artefactos, que a menudo se modifican con tubos para contener explosivos y tuercas como metralla.
En una situación sin precedentes, la Sedena ha localizado recientemente en Michoacán dos laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de explosivos para drones y ojivas. En Zicuirán, se encontraron 117 artefactos, cargas explosivas, metralla y materiales para la elaboración de bombas molotov, así como más de 100 kilos de explosivos y precursores hechizos.
En Cupuán del Río, se aseguró un centro para la producción de explosivos improvisados destinados al uso en drones. Se presume que estas actividades están vinculadas al “Cártel de La Huacana”, liderado por Miguel Ángel Gallegos, alias “Migueladas”, en conflicto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control territorial.
El académico Ghaleb Kramer ha alertado sobre el impacto psicológico que puede tener el uso de drones equipados con explosivos, generando miedo y desestabilización tanto en las fuerzas de seguridad como en la población civil. Kramer subraya la accesibilidad y bajo costo de esta tecnología, que ha migrado de los conflictos militares a manos de insurgentes, terroristas y ahora, actores criminales en México.
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