Torreón- El presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes Santos Laguna y Atlas, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, fue declarado prófugo de la justicia por no presentarse físicamente a una audiencia judicial en el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, relacionada con una acusación de presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos, según reportó el diario Reforma.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca la captura del empresario, luego de que la jueza de control determinara que Irarragorri se “sustrajo de la acción de la justicia” tras no presentarse el pasado 24 de marzo, a pesar de haber comparecido vía remota el día 20. De acuerdo con un acuerdo firmado por Karla Cecilia Marín, asistente de registros judiciales, el imputado presentó un escrito para justificar su ausencia, pero los argumentos fueron considerados insuficientes por el juzgado.
Las acusaciones presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) señalan que Irarragorri presuntamente incurrió en omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los salarios de jugadores de enero a julio de 2017, periodo en el que se habrían simulado esquemas fiscales irregulares.
Defensa y postura del Club Santos Laguna
Los abogados del empresario aseguran que la orden de aprehensión fue emitida sin seguir las formalidades legales, y que ya se interpuso una demanda de amparo para frenar cualquier acción penal en su contra.
El Club Santos Laguna, a través de un comunicado oficial, también expresó su postura, argumentando que el juicio en cuestión se relaciona con una discrepancia administrativa en la interpretación de normas fiscales, y no con una conducta delictiva. Según el texto, la audiencia del 24 de marzo fue convocada de forma irregular, sin notificación ni apercibimiento formal, por lo que consideran improcedente la medida cautelar dictada contra Irarragorri.
“Rechazamos tajantemente que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal se traslade al ámbito penal… Club Santos Laguna hará valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial”, concluye el comunicado.
