Guanajuato- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la violencia política contra las mujeres en razón de género ejercida por el sacerdote J. Jesús Alfredo Gallegos Lara, conocido como el “Padre Pistolas”, contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, fue más amplia de lo que inicialmente había establecido el Tribunal Estatal Electoral.
La resolución consideró que las expresiones del religioso contra la mandataria estatal generaron un clima de violencia durante al menos ocho meses, además de que tuvieron una difusión masiva debido a que el sacerdote cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales.
Durante la sesión de este miércoles, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dio cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior el pasado 4 de noviembre, derivada de la impugnación presentada por la gobernadora contra el fallo estatal del 25 de septiembre.
En los argumentos de la resolución se estableció que el sacerdote utilizó estereotipos de género y lenguaje soez, peyorativo e insultante, lo que contribuyó a intensificar el clima de violencia contra la mandataria.
Asimismo, los magistrados determinaron que las conductas constituyeron violencia simbólica, al considerar el impacto diferenciado que este tipo de expresiones tiene contra las mujeres que ocupan posiciones de poder.
La resolución fue aprobada por unanimidad de los tres magistrados electorales de Guanajuato y contempla medidas de satisfacción, restitución y no repetición como sanciones. Durante la sesión no se detalló en qué consistirán dichas medidas.
También se determinó dar vista a la Secretaría de Gobernación para que proceda conforme a sus atribuciones en relación con el ministro de culto.
La gobernadora impugnó el primer fallo
Libia Dennise no quedó conforme con la resolución inicial, debido a que consideró que no se habían tomado en cuenta otras publicaciones difundidas en cinco perfiles de Facebook del sacerdote.
Por ello, presentó una impugnación que fue turnada inicialmente a la Sala Monterrey, pero debido a que el asunto involucraba a una gobernadora, correspondió resolverlo a la Sala Superior del TEPJF.
El máximo órgano electoral revocó parcialmente la resolución estatal al considerar que se había realizado un análisis fragmentado de las expresiones denunciadas y determinó que debía evaluarse el contexto y alcance de las conductas.
Con la nueva resolución, el Tribunal Electoral de Guanajuato dio cumplimiento al mandato federal, que ya no admite una nueva apelación.









