La medida, anunciada el miércoles 4 de noviembre, comprende a 25 personas físicas y 15 empresas, cuyos movimientos financieros fueron analizados por la dependencia federal.
Aunque la UIF no hizo públicos los nombres de los involucrados, diversos reportes periodísticos identificaron entre las personas alcanzadas por las medidas a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, así como a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con proveedores de material electoral.
La dependencia también informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen posibles responsabilidades.
Sin embargo, Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa, preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas involucradas conservan sus mecanismos de defensa y el derecho de audiencia, bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
ASF abre investigación sobre contratos electorales
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de investigaciones de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El organismo fiscalizador informó que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieron identificar posibles anomalías históricas en el ejercicio del gasto público de las autoridades electorales.
Como parte de las revisiones, la ASF prepara un estudio histórico de las adquisiciones y contrataciones realizadas entre 2000 y 2025, con el objetivo de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas irregulares.
La investigación también contempla a grupos empresariales que participaron en contratos con las autoridades electorales, así como a servidores públicos relacionados con los procedimientos de adquisición y prestación de servicios.
Una tercera línea de trabajo consiste en una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
Con estas acciones, las autoridades federales buscan esclarecer posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a las instituciones electorales, así como determinar si existieron responsabilidades administrativas o legales.
