México- Este domingo, México conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en medio de una creciente preocupación por la violencia que enfrentan las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
El sábado, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con una de sus hijas mientras se trasladaba por Culiacán, Sinaloa. Ambas sobrevivieron a la agresión y fueron trasladadas para recibir atención médica.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación y entre las líneas de investigación se encuentra determinar si el ataque estuvo relacionado con las actividades de búsqueda que realiza Rojo Medina.
La buscadora lleva 17 años buscando a su hermano Miguel Ángel Rojo, desaparecido en 2009. En 2012 fundó Voces Unidas por la Vida, organización que agrupa a familias que buscan a sus seres queridos en diferentes puntos de Sinaloa.
El ataque se suma a otros casos de violencia contra integrantes de colectivos en la entidad. El 27 de febrero de 2026, Rubí Patricia Gómez-Tagle, también dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, fue asesinada en Mazatlán.
Guanajuato concentra asesinatos de buscadoras
Guanajuato se ha convertido en uno de los principales focos de violencia contra personas buscadoras. De acuerdo con el registro de Artículo 19, hasta junio de este año habían sido asesinadas seis personas buscadoras en México durante 2026, cinco de ellas mujeres. Cuatro de esos homicidios ocurrieron en Guanajuato.
Entre los casos se encuentra el de Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quien desapareció en marzo y posteriormente fue localizada sin vida. La mujer buscaba desde 2021 a su hermano Miguel Ángel García Ramblas.
En mayo fueron asesinadas Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta, integrantes de un colectivo de búsqueda en Salamanca. Ambas fueron atacadas a balazos cuando viajaban en motocicleta y buscaban a Miguel Ángel Jáuregui Acosta.
Un mes después, en junio, Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada en Pénjamo. Buscaba desde 2021 a su hermana Laura Angélica, desaparecida en ese municipio, y fue atacada cuando regresaba a su domicilio después de trabajar.
Los casos muestran que la violencia puede alcanzar incluso a mujeres que ya localizaron a sus propios familiares, pero que continúan participando en la búsqueda de otras personas desaparecidas.
El registro de Artículo 19 contabilizaba hasta mayo de 2026 37 personas buscadoras asesinadas y ocho desaparecidas desde 2010. Guanajuato concentraba 13 asesinatos, mientras que Sinaloa acumulaba cuatro.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas agresiones no sólo afectan a las víctimas directas, sino que también pueden generar miedo dentro de los colectivos, obstaculizar las labores de búsqueda y desalentar la denuncia en regiones donde grupos criminales mantienen presencia y control territorial.
La búsqueda de personas desaparecidas frecuentemente lleva a los familiares a ingresar a zonas donde sospechan que existen fosas clandestinas. En diversos casos, son los propios colectivos quienes aportan información sobre posibles sitios de inhumación y realizan rastreos antes de la intervención de las autoridades.
Por ello, el asesinato, desaparición o amenaza contra una persona buscadora representa también un golpe para las familias que continúan tratando de localizar a sus seres queridos y puede convertirse en un mecanismo de intimidación que afecta a toda la labor colectiva de búsqueda.
