Guanajuato- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de Miroslava “N”, ex empleada del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), por su probable participación en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la representación legal del ISSEG en Guanajuato capital, luego de que un derechohabiente detectara un retiro no reconocido en su cuenta de ahorro voluntario y solicitara la revisión del movimiento.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la imputada se desempeñaba como empleada de mostrador y presuntamente utilizó de manera indebida los sistemas informáticos y el lector biométrico de huellas digitales del Instituto para realizar disposiciones de recursos sin autorización de los titulares de las cuentas.
Las diligencias ministeriales incluyeron el análisis de videograbaciones y la revisión de operaciones realizadas por la imputada, lo que permitió identificar diversos movimientos con características similares.
Según la investigación, las disposiciones irregulares representaron un monto superior a 90 mil pesos. La Fiscalía señaló que los recursos involucrados eran administrados por el ISSEG y que la institución reintegró las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.
Respecto al daño patrimonial, los hechos fueron investigados inicialmente bajo el tipo penal de robo calificado cometido por empleado. Al tratarse de un delito patrimonial susceptible de mecanismos alternativos de solución de controversias, el juez ordenó canalizar el asunto al área de mediación en sede ministerial.
En esa instancia, las partes celebraron un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.
Durante la audiencia, un juez de Control determinó vincular a proceso a Miroslava “N” por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, al considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su probable intervención en hechos que afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública del ISSEG.
La Fiscalía sostuvo que la imputada habría utilizado indebidamente información y sistemas a los que tenía acceso con motivo de sus funciones.
Durante la misma audiencia, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, petición que fue autorizada por la autoridad judicial por un periodo de seis meses.
Como parte de las condiciones impuestas, la imputada deberá acudir una vez al mes a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), conforme a los términos establecidos por el órgano jurisdiccional.
