Guanajuato- Un juez federal ordenó reponer el proceso penal contra la defensora indígena amuzga Kenia Hernández, luego de conceder un amparo promovido por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), resolución que reabre una causa federal en la que previamente se había determinado que no existían elementos para vincularla a proceso.
De acuerdo con la organización IM-Defensoras, el amparo, concedido el pasado 3 de junio, impugnó la resolución correspondiente a la causa penal federal 203/2024 en Guanajuato, donde un juez había resuelto no vincular a proceso a la activista al considerar que los hechos imputados no constituían un delito.
En aquella resolución, el juzgador reconoció el carácter de Kenia Hernández como dirigente social y defensora de derechos humanos, además de advertir que procesarla implicaría criminalizar su labor en defensa de los derechos fundamentales.
Con la nueva determinación judicial, el auto de no vinculación quedó sin efectos y se ordenó reponer el procedimiento, por lo que la activista deberá enfrentar nuevamente una audiencia inicial y la posibilidad de ser vinculada a proceso por una causa federal de la que anteriormente había sido desvinculada.
En abril de 2026, Kenia Hernández obtuvo su libertad tras concluir ocho procesos federales: cinco mediante acuerdos reparatorios con CAPUFE y tres más en Guanajuato por resoluciones judiciales favorables. No obstante, aún permanecen vigentes dos procesos del fuero común en el Estado de México.
Organizaciones como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México e IM-Defensoras señalaron que la nueva resolución prolonga la incertidumbre jurídica de la activista y reiteraron su llamado al sistema de justicia para evitar una nueva judicialización de un caso que ya había sido resuelto a su favor.
Asimismo, convocaron a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse atentos al desarrollo del proceso y expresar solidaridad con la defensora, al considerar que su caso representa un ejemplo de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones también recordaron que, en abril pasado, 22 diputadas mexicanas y ocho integrantes del Parlamento Europeo solicitaron la liberación inmediata de Kenia Hernández, al sostener que enfrenta procesos judiciales derivados del ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y manifestación.
Añadieron que, desde su detención en 2020, la activista ha enfrentado diversas afectaciones, entre ellas la separación de sus hijos, la negativa para asistir al funeral de su madre por razones humanitarias y denuncias sobre condiciones de reclusión que incluyeron aislamiento, restricciones de visitas y atención médica insuficiente.
Finalmente, las organizaciones insistieron en que el caso evidencia presuntos patrones de persecución contra personas defensoras de derechos humanos y reiteraron su exigencia de que el Estado mexicano garantice el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de Kenia Hernández.
