Guanajuato- El Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, un listado que incluirá a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de 18 años. La iniciativa, propuesta por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, desató un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas.
El nuevo Capítulo XV del Código Penal establece que los jueces deberán ordenar la inscripción de los sentenciados por delitos como feminicidio, trata de personas, violación, estupro, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual, corrupción de menores, explotación sexual y lenocinio, siempre que las víctimas sean menores de edad. La inscripción entrará en vigor una vez que la sentencia sea firme.
El registro estará activo durante toda la condena, incluso cuando esta sea sustituida o suspendida, y se extenderá por 10 años adicionales una vez que el sentenciado obtenga su libertad. Los diputados también añadieron que la reparación del daño moral no impedirá la incorporación al registro.
La Fiscalía General del Estado será la encargada de administrarlo y operarlo en su portal web, conforme a la fracción XI adicionada al artículo 7 de su Ley Orgánica. El acceso será público, previa orden judicial para cada caso.
La fracción de Morena respaldó la creación del registro, pero pidió que no fuera público, al advertir posibles violaciones a derechos humanos y riesgos de inconstitucionalidad. La propuesta fue rechazada. Su diputado Carlos Ramos Sotomayor subrayó que el partido está a favor de la herramienta, pero no de su carácter público.
Desde el PRI, la diputada Ruth Tiscareño Agoitia afirmó que proteger a los menores es una prioridad, pero advirtió que el Congreso no debe aprobar normas que atenten contra la reinserción social. Llamó a la CNDH y a la Prodheg a promover acciones de inconstitucionalidad.
Por el contrario, legisladores del PAN defendieron la reforma como una medida necesaria para inhibir nuevas agresiones. La diputada Susana Bermúdez Cano afirmó que los derechos de reinserción social no pueden estar por encima de los derechos de las víctimas. Sergio Contreras Guerrero, exintegrante del PVEM, calificó la iniciativa como “un avance fundamental” y recordó que el estado ya cuenta con registros públicos similares.
El panista Erandi Bermúdez Méndez pidió que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine la constitucionalidad de la reforma.
La creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales fue aprobada por mayoría, consolidándose como una de las medidas más polémicas y discutidas de la actual legislatura.
