Redacción
San Felipe Guanajuato.- El ataque armado registrado en un centro de rehabilitación del municipio de San Felipe podría estar relacionado con el ingreso de una persona presuntamente vinculada a actividades delictivas y con la negativa del anexo a entregarla previamente, de acuerdo con el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Moliendo.
El representante de la organización explicó que, en este caso, personas aparentemente de un grupo delictivo ya habían intentado retirar a una persona del centro, sin que los responsables accedieran a entregarla, situación que habría generado un conflicto interno que posteriormente derivó en la agresión armada.
Señaló que, actualmente, los centros de rehabilitación que operan en ese municipio no cuentan con uso de suelo, y explicó que algunos han identificado que este tipo de hechos se originan cuando se admite a personas cuya presencia representa un riesgo para otros usuarios que se encuentran en proceso de rehabilitación.
Ante este tipo de alertas, indicó que los centros optan por rechazar el ingreso de la persona para evitar poner en riesgo a quienes ya reciben tratamiento.
“Cuando a nosotros nos piden un usuario que no quieren que sea intervenido, a nosotros nos hablan, o los mismos chavos que ya están internos nos dicen: ‘al tiro páreno, porque ese cabrón andaba trabajando con fulanos de tal’”, afirmó.
Pérez Moliendo indicó que este tipo de situaciones han sido expuestas a autoridades municipales desde antes del inicio de la actual administración, al advertir sobre la falta de condiciones de seguridad en los centros de rehabilitación que operan en San Felipe.
“Estos casos ya los traemos desde hace mucho, incluso antes de que tomara protesta esta administración. Hemos tenido acercamiento con el ayuntamiento anterior para empezar a regularizar a los grupos y tocar el tema de la inseguridad en los centros”, explicó.
Recordó que hechos similares se han registrado en otros municipios del estado, como Salamanca, donde previamente se habían sostenido reuniones con autoridades para abordar la problemática, sin que se lograran acciones preventivas que evitaran ataques posteriores.
Finalmente, señaló que en San Felipe operan seis centros pertenecientes a la organización, los cuales son supervisados para garantizar buenas prácticas, alimentación adecuada y trato digno a los internos, aunque reconoció que existen otros grupos que operan sin atender recomendaciones ni protocolos de seguridad.
