México- La controversia en torno a la casa de 12 millones de pesos adquirida por el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán, Morelos, escaló este jueves tras nuevas denuncias que involucran a la Guardia Nacional (GN).
El diputado local panista Daniel Martínez Terrazas acusó a la corporación federal de resguardar la propiedad del legislador frente a las exigencias de comuneros que cuestionan la legalidad de la compra. Según el legislador, el predio carece de autorización de bienes comunales y ni siquiera se han cubierto los pagos de impuestos prediales.
“Lo que nosotros lamentamos es que ni siquiera se haya pagado un impuesto predial, ni se haya pedido autorización a los bienes comunales y a toda la gente del campo en Tepoztlán. Hacemos un llamado enérgico para que, si esa casa está en un tema indebido, sea recuperada por la autoridad”, declaró Martínez.
El panista denunció además que elementos de la GN y seguridad federal detuvieron a pobladores que intentaron ingresar a la zona, hecho que calificó como un abuso de poder.
“En lugar de estar cuidando nuestras calles, están defendiendo privilegios de un senador de la República que lo único que ha hecho es una actitud porril”, sostuvo.
El conflicto detonó semanas atrás, cuando comuneros de Tepoztlán señalaron que el inmueble se ubica en tierras de uso común que no han sido desincorporadas legalmente de la asamblea ejidal, por lo que la transacción resultaría inválida.
La tensión política creció tras recordarse que el propio Fernández Noroña, en su momento, criticó la “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto, pidiendo que se devolviera su valor en becas. Hoy, opositores en Morelos replican la exigencia: que los 12 millones de pesos de la casa sean destinados a estudiantes.
De acuerdo con versiones oficiales, la GN respondió a una llamada de emergencia ante la tentativa de comuneros de ingresar a la propiedad; sin embargo, otra versión apunta a que la corporación ya había desplegado un operativo preventivo tras conocer que se organizaba una protesta en el sitio.
Aunque Fernández Noroña sostiene que la adquisición es patrimonio legítimo y niega cualquier irregularidad, organizaciones comunales exigen que la venta sea anulada y que el predio regrese al uso colectivo.
El caso, que inició como una disputa legal, se ha transformado en un foco político nacional, al colocar a la Guardia Nacional como garante de un patrimonio personal, en medio de reclamos sociales y llamados a la transparencia.
