México- Con un tono firme, pero consciente de la realidad que se vive en todo el país, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, reconoció que México enfrenta una situación compleja por la invasión de propiedades, una problemática que afecta a miles de familias y daña el patrimonio de quienes sí han cumplido con sus créditos.
En entrevista posterior al informe legislativo del senador Gerardo Fernández Noroña, la titular de Sedatu dejó claro que el Gobierno Federal no tiene intención de legalizar actos ilegales, pero sí de poner orden y atender con sensibilidad cada caso, sin criminalizar a quienes puedan estar en una situación de abandono o abandono involuntario de sus viviendas.
Explicó que, antes de tomar decisiones, la autoridad debe conocer con precisión cuántas viviendas están desocupadas y cuántas fueron ocupadas de manera irregular. Para ello, la Secretaría del Bienestar ya realiza un censo nacional que actualmente tiene un avance del 30% y se prevé concluir en los próximos dos o tres meses. “No vamos a legitimar algo terrible, ¡no! Lo que queremos es ordenar, poner claridad y ayudar a quienes realmente lo necesitan”, subrayó Vega.
Añadió que hay casos en los que la familia quedó en un limbo: titulares que abandonaron su crédito, viviendas que permanecieron años sin ser habitadas y nunca fueron regularizadas. “No se puede generalizar ni satanizar. Hay muchas realidades detrás de cada ocupación”, remarcó la funcionaria.
Una vez que se concluya el diagnóstico, el informe será presentado directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, junto al ingeniero Octavio Romero y su equipo, definirá un programa específico para regularizar o recuperar las viviendas, dependiendo de cada caso.
Vega hizo un llamado a alejarse de los prejuicios y a esperar los resultados del censo para evitar desinformación. “Hay voces que ya critican sin saber siquiera cuántas viviendas están en esta condición. Hoy por fin se está revisando, y será una decisión basada en datos, no en ocurrencias”, señaló.
Con este proceso, el gobierno federal busca evitar que la desesperación o la incertidumbre empujen a más familias a ocupar viviendas de forma irregular y, al mismo tiempo, dar certeza a quienes han esperado durante años una respuesta del Estado.
