Brasil— Una década de supuesta confianza profesional, asesoría legal y amistad terminó revelando un brutal trasfondo criminal en Araraquara, Brasil. El matrimonio de abogados Hércules Barroso y Fernanda Morales fue detenido y acusado de orquestar el asesinato de sus propios clientes: el empresario José Eduardo Ometto Pavan, de 69 años, y su esposa Rosana Ferrari, de 61.
El móvil, de acuerdo con la policía brasileña, fue quedarse con una fortuna en bienes inmuebles, ya que la pareja asesinada no tenía herederos directos que pudieran disputar la propiedad. La investigación, bautizada como “Operación Doble Juego”, culminó el pasado 17 de junio con la detención de cuatro personas: los dos abogados y los presuntos sicarios, Carlos César Lopes de Oliveira y Ednaldo José Vieira.
El doble homicidio ocurrió el 6 de abril: los cuerpos de Pavan y Ferrari fueron hallados dentro de su vehículo en una finca de la Serra de São Pedro, ambos asesinados a tiros. El empresario tenía las manos atadas, un detalle que, según la policía, evidencia la premeditación y la brutalidad de la ejecución.
La comisaria Juliana Ricci detalló que la pareja de abogados habría diseñado durante años un esquema fraudulento, falsificando documentos para transferirse propiedades valuadas en más de 2 millones de dólares, además de cobrar a sus clientes supuestos gastos judiciales que nunca existieron. Una vez asegurado el patrimonio, la eliminación de las víctimas era, según la investigación, el paso final para garantizar el botín. “Muriendo ellos, ¿quién lo cuestionaría?”, señaló Ricci.
En un giro macabro, la abogada Fernanda Morales asistió incluso al funeral de Rosana Ferrari, derramando lágrimas ante familiares que hoy la acusan de haber traicionado su confianza y de planificar el asesinato. “Lloré, sentí rabia, agonía. No fue un crimen causado por la ira, fue un crimen premeditado”, declaró un familiar a medios brasileños.
Por su parte, el abogado defensor del matrimonio, Reginaldo Silveira, asegura que las pruebas en su contra son “frágiles” y que la transferencia de propiedades respondía a honorarios legales pactados previamente. Insiste en que la relación entre ambas parejas siempre fue estrictamente profesional.
El caso ha conmocionado a la comunidad legal y empresarial de la región, exponiendo la vulnerabilidad de personas sin herederos ante quienes abusan de la confianza. Mientras tanto, Barroso, Morales y los dos presuntos sicarios enfrentan cargos por homicidio calificado, asociación criminal, estafa, falsedad ideológica y ocultación de cadáver.
