México— La extorsión se mantiene como uno de los delitos más persistentes y en ascenso en México. En voz de la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal reconoció este martes que no ha logrado reducir su incidencia, por lo que presentó una nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión que incluye la creación de una Ley General para homologar su persecución en todo el país.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2025, la extorsión creció 27.7 % al pasar de 23.96 a 30.55 casos diarios en promedio. Con los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se acumulan más de 61 mil 600 carpetas de investigación abiertas por este ilícito.
Tan solo en el periodo de octubre de 2024 a mayo de 2025, ya se han registrado 7 mil 244 denuncias, siendo ocho estados los que concentran el 66% de los casos: Estado de México (2,049), Guanajuato (879), Nuevo León (645), Ciudad de México (602), Veracruz (585), Jalisco (178), Michoacán (124) y Guerrero (47).
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum firmó un proyecto de decreto para reformar el artículo 73 de la Constitución y facultar al Congreso para expedir la Ley General contra la Extorsión, que obligará a todos los estados a perseguir este delito de oficio, sin que dependa de la denuncia de la víctima.
“No hay aumento en la penalidad, lo importante es que ahora se va a perseguir de oficio, como un homicidio. Una ley general quiere decir que abarca a todos los estados”, explicó la mandataria, quien destacó que el temor de las víctimas a denunciar ha sido un factor que alimenta la impunidad.
Además, se habilitó la línea 089 para recibir denuncias anónimas y se creó un protocolo de respuesta inmediata, con coordinación directa con empresas telefónicas para bloquear números de extorsionadores y con unidades de investigación que atenderán casos presenciales.
La estrategia contempla cinco ejes: fortalecimiento de la investigación e inteligencia, creación de unidades antiextorsión locales, aplicación de protocolos de atención a víctimas, capacitación de operadores en manejo de crisis y una campaña nacional de prevención.
Autoridades federales insisten en que, pese a la disminución de otros delitos, la extorsión requiere un enfoque integral y coordinado para frenar su avance y proteger a quienes hoy, por miedo, prefieren guardar silencio.
