Redacción
Michoacán.- Un Tribunal Federal dejó firme una suspensión provisional que fue otorgada a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, contra cualquier orden de aprehensión, detención y comparecencia emitida en su contra.
En sesión celebrada el martes 27 de mayo, con carácter de urgente, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal analizó un recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR), el cual pidió dejar sin efecto la medida cautelar otorgada por Sindy Ortiz Castillo, jueza Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal.
En la sesión, el secretario en funciones de magistrado, Arturo Valle Castro, explicó que el Ministerio Público Federal solicitó echar abajo la medida cautelar, debido a que otro juzgado le había otorgado una suspensión definitiva.
Por unanimidad, las magistradas María Dolores Núñez Solorio e Isabel Porras Odriozola, coincidieron en declarar infundado el recurso, pues no existe certeza de que se trate del mismo acto que conoció el juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
Es de mencionar que hace unas horas, Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, dejó sin efecto la suspensión definitiva y dio luz verde a la FGR para detener a Silvano Aureoles por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado.
Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, derivado de un quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
Lo anterior, porque el ex gobernador no cumplió con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas.
No obstante, en la sesión de hoy, se pudo conocer que Silvano Aureoles consiguió la otra suspensión el 20 de mayo, aunque la jueza Sindy Ortiz no ha dado a conocer públicamente cuáles requisitos le impuso.
Cabe señalar que hasta hoy, se conoce una sola orden de aprehensión contra Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
