Yucatán- En una sesión marcada por protestas, tensiones y una fuerte polarización social, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Código Penal, pero mantuvo intacto el candado constitucional que reconoce la vida desde la concepción, lo que implica que la interrupción voluntaria del embarazo continuará siendo un delito fuera de ese periodo.
La reforma al Código Penal fue impulsada por legisladoras de Morena y Movimiento Ciudadano, y avalada con 22 votos a favor y 13 en contra, en cumplimiento parcial a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto de 2024, que consideró inconstitucional criminalizar el aborto.
Con 22 votos a favor, el Congreso de Yucatán despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Un avance histórico en la lucha por los derechos reproductivos. 💚#EsTiempoDeMujeres #EsLey pic.twitter.com/b3uq1xivyw
— Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) April 10, 2025
Con la derogación del artículo 382, las personas gestantes podrán interrumpir legalmente el embarazo dentro de las primeras 12 semanas, sin enfrentar consecuencias penales. Sin embargo, fuera de ese lapso, se mantiene la criminalización con sanciones que van de tres meses a un año de cárcel o de 50 a 200 días de trabajo comunitario.
La reforma constitucional, necesaria para eliminar la protección a la vida desde la concepción en la Carta Magna local, no alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes, lo que generó gritos de “¡Desacato!” por parte de activistas afuera del Congreso. En contraste, grupos conservadores celebraron el rechazo a la modificación constitucional.
El fallo de la SCJN que motivó esta reforma fue producto de un amparo promovido por Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR) y la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C., que exigían respetar el derecho humano a decidir sobre la vida reproductiva, vinculado al derecho a la salud.
Organizaciones feministas calificaron la reforma como un paso insuficiente. María Paula Balán Aguilar, directora del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CJUD), señaló que se trata de una “aprobación a medias” y que no modificar la Constitución local podría considerarse un desacato implícito a la resolución de la SCJN.
Por su parte, Ninde Molre, activista de Abortistas Mx, advirtió que mantener el reconocimiento constitucional a la vida desde la concepción refuerza el estigma, promueve la criminalización y obstaculiza el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva seguros.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reconoció el avance, pero lamentó que no se haya dado el paso hacia una despenalización absoluta que garantice plenamente los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Yucatán.
Con esta decisión, Yucatán se convierte en el estado número 24 en despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones, sumándose a entidades como Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes y Estado de México. No obstante, la resistencia constitucional mantiene viva la batalla jurídica y social por el derecho a decidir.
