Guanajuato— En un estado marcado por la violencia, las masacres y la impunidad, Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal de Guanajuato durante casi 16 años, se despidió del cargo con una millonaria compensación de más de 8 millones de pesos, incluidos casi 4 millones por una prestación de “fidelidad” que él mismo promovió y firmó en el reglamento interno de la Fiscalía. Así, se consuma el final de un ciclo que muchos en Guanajuato esperaban con ansias y otros tantos lamentan por su trasfondo de privilegios opacos.
El Partido Morena en Guanajuato denunció este martes que el esquema de pagos extraordinarios no fue exclusivo de Zamarripa. Otros 14 funcionarios de la Fiscalía recibieron cifras que oscilan entre los 285 mil y los 3.9 millones de pesos, también bajo el concepto de “fidelidad al cargo”. El total pagado por esta cláusula asciende a casi 15 millones de pesos del erario estatal.
De acuerdo con solicitudes de información públicas, Zamarripa obtuvo 4.264.215 pesos por finiquito y 3.922.000 pesos por la prestación especial que él mismo avaló. A esto se suma una jubilación mensual vitalicia de 52,000 pesos, aunque Morena advierte que su pensión podría alcanzar hasta 144,000 pesos al mes, con base en una reforma al reglamento que él promovió para aumentar en 30% el ingreso de funcionarios retirados con más de 15 años de servicio.
La norma que abrió la puerta a este esquema fue publicada apenas el 1 de abril de 2024 en el Periódico Oficial de Guanajuato. En ella se estableció un “Sistema Complementario de Seguridad Social” para personal de la Fiscalía, argumentando que el entorno laboral era de “alto riesgo y presión”, y por tanto justificaba apoyos extra en forma de becas, seguro de vida, gastos médicos, funerarios y compensaciones económicas especiales.
Para el diputado de Morena, Abraham Sotomayor, la medida fue una trampa legal para premiarse a sí mismo: “Zamarripa reformó el reglamento a su favor. Este esquema no existe para la mayoría de los trabajadores del Estado”, denunció en rueda de prensa.
Zamarripa renunció formalmente el 1 de enero de 2025, aunque ya se anticipaba su salida desde junio del año pasado, cuando Libia Dennise García Muñoz Ledo, entonces candidata del PAN a la gubernatura, prometió que el fiscal no seguiría en el cargo si ella ganaba. Y así ocurrió. Su renuncia definitiva se formalizó el 27 de septiembre de 2024, tras una larga era de cuestionamientos.
Durante sus 15 años al frente de la Fiscalía, Guanajuato pasó de ser un estado próspero a convertirse en la entidad más violenta del país, con un incremento del 658% en homicidios dolosos, y cifras que superan las 3 mil muertes violentas por año. En su mandato se documentaron masacres en Salvatierra, asesinatos de policías, ejecuciones de menores y ataques constantes a periodistas, todo bajo la sombra de la impunidad.
Aunque Zamarripa se formó con capacitación del FBI y gestionó recursos internacionales para el combate al crimen, su gestión fue duramente criticada por la falta de resultados, la opacidad institucional y una justicia selectiva, especialmente bajo gobiernos panistas que lo blindaron durante más de una década.
Como colofón, el exfiscal difundió un video de despedida lleno de música emocional, pausas dramáticas y autoelogios, en el que hace referencia a su origen humilde, su perseverancia y cierra con una frase enigmática.
