San Felipe– La alcaldesa de San Felipe, Saraí Lepe Monjarás, anunció la recuperación de los 42 millones de pesos que fueron sustraídos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JMAPA) la semana pasada.
Luego de reuniones con el fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y un seguimiento puntual con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, se logró asegurar el monto total, que pronto será devuelto a las arcas municipales.
“El titular de la Fiscalía nos informó que el recurso está asegurado y es cuestión de tiempo para que regrese a la Junta Municipal de Agua Potable”, declaró la alcaldesa con evidente alivio. También confirmó que los autores del robo han sido identificados y enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.
De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, los 42 millones de pesos fueron sustraídos en 18 transacciones bancarias: 16 de ellas por 2 millones de pesos y 2 más por 5 millones de pesos. Actualmente, los fondos están inmovilizados y serán devueltos una vez que concluya la investigación.
Cambios en JMAPA y medidas de seguridad
Tras el escándalo, el Ayuntamiento destituyó al consejo directivo de JMAPA en una sesión privada. La alcaldesa reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias y garantizar justicia para los habitantes de San Felipe. “Esta gente tiene que ser castigada”, enfatizó.
Además, la Contraloría municipal ha iniciado una investigación interna para determinar si hubo negligencia o colusión dentro del gobierno municipal. Como parte de las medidas preventivas, se revisarán los protocolos de seguridad y se evaluará si se mantiene la relación con las instituciones bancarias implicadas en las transacciones.
“La investigación continuará hasta identificar plenamente a los responsables. No permitiremos que vuelva a ocurrir una situación similar. Se tomarán decisiones sobre la seguridad en la administración de los fondos municipales y sobre los bancos con los que trabajamos”, concluyó Lepe Monjarás.
La noticia de la recuperación del dinero representa un respiro para la población, que espera que se haga justicia y que los recursos sean utilizados correctamente en beneficio de la comunidad.
