Ciudad de México.- En una decisión histórica y no exenta de polémica, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley del Infonavit que otorga al instituto la facultad de construir viviendas y establecer esquemas de arrendamiento social accesibles para los trabajadores mexicanos. Con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, la reforma pasó sin cambios al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La modificación permite que los empleados, después de un año de cotización continua, puedan acceder a programas de arrendamiento social, utilizar su subcuenta de vivienda como garantía y obtener información detallada antes de contratar un crédito. Además, contempla prórrogas en pagos en caso de pérdida de empleo, sin generar intereses adicionales.
✅ Con 67 votos a favor y 35 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que reforma la Ley del @Infonavit y la Ley Federal del Trabajo.
— Senado de México (@senadomexicano) February 14, 2025
Reacciones encontradas en el Pleno por Reforma al Infonavit
Durante la discusión, la oposición manifestó su desacuerdo. La senadora panista Michel González calificó la reforma como “el robo del siglo”, asegurando que se busca expropiar 2.1 billones de pesos de las subcuentas de vivienda para financiar una empresa sin control ni fiscalización. Por su parte, la senadora priista Mely Romero advirtió sobre la posibilidad de repetir errores del pasado, instando a aprender de experiencias anteriores.
Con pancartas y señalamientos, senadores de Acción Nacional denunciaron que 77 millones de familias podrían resultar perjudicadas, mientras que Morena defendió la iniciativa. La legisladora Blanca Judith Díaz argumentó que se busca reparar el daño causado por administraciones pasadas, señalando presuntos desvíos y corrupción en gestiones anteriores.
Impacto Social y Perspectivas
La reforma representa un cambio en el papel del Infonavit, que ahora podrá actuar como constructor de viviendas a través de una filial no considerada paraestatal. Esta medida pretende combatir el rezago habitacional y garantizar acceso a viviendas dignas a precios asequibles, en línea con la política social impulsada por el gobierno actual.
