Redacción
Washington, D.C. — Una coalición de 22 estados liderados por gobernadores y fiscales generales demócratas presentó una demanda contra la orden del expresidente Donald Trump que busca poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La acción legal fue interpuesta en el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, con el respaldo de ciudades como San Francisco, Washington D.C., Nueva York y Nueva Jersey.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Abogados por los Derechos Civiles presentaron demandas adicionales en New Hampshire, denunciando lo que consideran una “violación flagrante” de la Constitución.
Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, señaló:
“Esta demanda envía un mensaje claro al Gobierno de Trump: no permitiremos que acciones ilegales vulneren los derechos constitucionales de nuestros residentes.”
La orden de Trump busca negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense, incluyendo aquellos nacidos de madres que ingresaron al país de manera legal, pero temporal, como turistas o estudiantes extranjeros. Actualmente, la ciudadanía por nacimiento está garantizada bajo la Enmienda 14 de la Constitución.
Cada año, miles de mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos con visas válidas, dando a luz a niños que adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense. Si la orden de Trump entra en vigor, estos niños ya no serían reconocidos como ciudadanos, lo que afectaría a miles de familias.
Los demandantes sostienen que esta política podría causar graves consecuencias legales, sociales y económicas, no solo para los directamente afectados, sino también para los sistemas de salud y educación del país.
Expertos constitucionalistas consideran que la Enmienda 14 protege explícitamente la ciudadanía por nacimiento. La disposición fue ratificada en 1868, garantizando que todas las personas nacidas en territorio estadounidense sean ciudadanos.
El caso probablemente escalará hasta la Corte Suprema, en un debate que promete marcar un hito en la historia del derecho constitucional y los derechos migratorios en Estados Unidos.
