Redacción
Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reiteró su postura en contra de los narcocorridos y corridos tumbados, al considerar que estos géneros musicales fomentan una cultura de violencia que no beneficia a la sociedad ni a los jóvenes.
La mandataria estatal subrayó que, en eventos respaldados económicamente por el gobierno, se priorizará la promoción de actividades culturales que fortalezcan el tejido social y las familias.
Estas declaraciones se dieron en el marco de las reuniones estratégicas que la gobernadora ha sostenido con alrededor de 20 presidentes municipales para coordinar proyectos locales. Uno de los temas abordados ha sido la recomendación de evitar contratar artistas que interpreten música relacionada con la apología del delito, como narcocorridos, en las festividades municipales.
Un ejemplo concreto de esta política se verá reflejado en la Feria de Salvatierra 2025, que se llevará a cabo del 31 de enero al 9 de febrero. José Daniel Sámano Jiménez, presidente municipal de Salvatierra, confirmó que, atendiendo la recomendación de la gobernadora, no se incluirán artistas de dicho género musical en el cartel del evento. En su lugar, se presentarán figuras destacadas como Jorge Medina, Josi Cuen, Edwin Luna y la pianista Laura Álvarez López, quienes ofrecerán espectáculos más acordes con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar.
“Estoy convencida de que no podemos, desde la autoridad, fomentar este tipo de cultura o apología de la violencia y el delito. Si va a haber recursos estatales, deben usarse para promover actividades que realmente aporten a nuestra sociedad”, enfatizó García Muñoz Ledo durante un evento en León.
Por su parte, Sámano Jiménez declaró que la feria también incluirá el regreso de la corrida de toros en La Macarena, desfiles de manolas y eventos gastronómicos, consolidándola como una fiesta familiar y cultural.
Esta postura se alinea con acciones similares emprendidas en otras entidades del país, como Chihuahua, Sinaloa y Baja California, donde se han impuesto restricciones para la difusión de narcocorridos en espacios públicos, argumentando su impacto negativo en la percepción social de la violencia.
