Redacción
México- La Cámara de Diputados discutirá la próxima semana una reforma constitucional que busca prohibir el maltrato animal, fortaleciendo las bases para su protección, conservación y cuidado por parte del Estado. El dictamen, que modifica los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución, fue dado a conocer recientemente y su debate promete generar un amplio intercambio de opiniones entre las bancadas.
La reforma incluye la facultad del Congreso para expedir leyes que promuevan la protección animal en distintos ámbitos, desde la crianza hasta el control de plagas y riesgos sanitarios. También establece que los planes y programas educativos deberán incluir conocimientos sobre la protección y el trato adecuado de los animales, reconociendo su naturaleza y vínculos con las personas.
Sin embargo, legisladores de la oposición, como Rubén Moreira del PRI, han considerado que la propuesta es insuficiente porque omite la prohibición de actividades controvertidas como las corridas de toros y las peleas de perros. El priista Marco Antonio Mendoza, durante la dictaminación previa, criticó al Partido Verde por su escasa intervención en estos temas, dejando un margen de incertidumbre sobre el alcance real de la reforma.
En la exposición de motivos, se destacó que el 70% de los animales domésticos en México son víctimas de maltrato, lo que coloca al país en el tercer lugar mundial y primero en Latinoamérica en esta problemática. Se estima que siete de cada 10 perros y seis de cada 10 gatos están en situación de calle, evidenciando la necesidad de medidas más robustas para su protección.
Tan solo en la Ciudad de México, en 2019 se presentaron un millón 850 mil denuncias por maltrato animal, cifra que contrasta con las 487 reportadas en lo que va de 2024. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX informó que entre 2020 y 2022 atendió 17 mil 600 reportes, de los cuales el 87% involucró a perros. Los estados con más denuncias de maltrato incluyen Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro.
El dictamen busca elevar el bienestar animal a rango constitucional, señalando que es necesario reforzar el marco jurídico actual para lograr una mayor protección efectiva de los animales.
