Redacción
México.- En su tercer intento por otorgar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción y suministro de energía, el Gobierno de la 4T ha impulsado una reforma constitucional que modifica los artículos 25 y 28 para cambiar el régimen de CFE y Pemex de empresas productivas a empresas públicas del Estado. Con esta modificación, la CFE tendría prioridad en el despacho eléctrico, un cambio que el Gobierno justifica como medida de “seguridad y autosuficiencia energética” y que, según la Secretaría de Energía, busca “proveer electricidad al menor precio posible”.
No obstante, datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reflejan que los costos de generación de la CFE son considerablemente más elevados en comparación con los de productores privados. En septiembre, el costo de generación de la CFE se estimó en un promedio de mil 940 pesos por megawatthora (MWh), mientras que las centrales de ciclo combinado de productores independientes de energía (PIE) privados reportaron un costo promedio de mil 127 pesos por MWh. Las energías renovables también muestran una disparidad significativa: las centrales eólicas y solares de la CFE registraron costos de mil 103 y mil 326 pesos por MWh, respectivamente, mientras que las instalaciones privadas de energía eólica y solar alcanzaron un promedio de solo 515 y 496 pesos por MWh.
Analistas y expertos han señalado que estos cambios implicarían un impacto en los costos de suministro eléctrico. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que, al privilegiar el despacho de CFE, se da preferencia a una estructura con costos de generación más altos debido a la antigüedad de las plantas y a los costos laborales asociados. Leonardo Beltrán, nonresident fellow del Instituto de las Américas, advirtió que para evitar un traspaso de estos costos a los consumidores se requerirían subsidios estatales, un gasto que podría ser inviable dado el limitado espacio fiscal actual.
La propuesta de reforma aún debe ser discutida en el Senado y, de ser aprobada, se enviará a los Congresos locales para su ratificación, lo que podría generar una serie de debates respecto a su impacto económico y ambiental. Especialistas han advertido que la reforma podría elevar los costos eléctricos y aumentar las emisiones, una preocupación crítica en un contexto de compromiso climático internacional.
