Redacción
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que ha iniciado una investigación por secuestro y traición a la patria en relación con el traslado ilegal de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López desde México hacia Estados Unidos el pasado 25 de julio. Entre las acusaciones se encuentra la presunta implicación de Guzmán López en el secuestro de Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.
Según las investigaciones, el traslado se llevó a cabo en un avión con matrícula clonada, que despegó desde una pista cercana a Culiacán, Sinaloa, en el noroeste de México. Este vuelo, considerado ilegal por las autoridades mexicanas, no fue reportado correctamente hasta que cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde fue recibido en un aeropuerto en Santa Teresa, Nuevo México.
La FGR citó el artículo 123 del Código Penal Federal, el cual establece penas de prisión de 5 a 40 años para aquellos mexicanos que cometan traición a la patria. Este delito incluye la privación ilegal de libertad de una persona en territorio nacional con el propósito de entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México.
Para acreditar el delito de traición a la patria se realizó diligencia ministerial en el aeropuerto “Doña Ana”, en Santa Teresa, Nuevo México, sin obtener los datos necesarios para lograr establecer las responsabilidades ya referidas. (2/7)
— FGR México (@FGRMexico) August 15, 2024
La Fiscalía señaló que las pruebas clave para sustentar las acusaciones se encuentran en Estados Unidos y están relacionadas directamente con el vuelo ilegal. Por ello, se ha solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de INTERPOL-México, la entrega de documentos y datos de radares que puedan esclarecer los detalles del traslado.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció sobre el caso, manifestando su preocupación por la falta de información completa por parte de Estados Unidos respecto a la captura de Zambada. López Obrador expresó sus dudas sobre la posible participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, a pesar de las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien afirmó que se trató de una «operación entre cárteles».
El Presidente solicitó a la FGR un informe detallado sobre el avance de la investigación, subrayando la importancia de esclarecer todas las circunstancias que rodean este controversial traslado, que ha generado tensiones en las relaciones entre ambos países.
