Redacción
Chihuahua.- La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) ha revelado un escandaloso caso de corrupción en las adquisiciones de medicamentos en el estado. Según el informe de la auditoría de la cuenta pública 2022, las empresas farmacéuticas Medikamenta y Santek Health obtuvieron una licitación pública por la alarmante cifra de 180 millones de pesos al presentar documentos falsos.
Las irregularidades se han identificado en el sistema de adquisiciones del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), siendo parte de una serie de prácticas cuestionables que involucran a varias compañías y apuntan a la administración de la actual gobernadora, María Eugenia Campos, quien asumió el cargo tras ganar las elecciones en 2021 por la alianza PAN-PRI.
El informe detalla numerosas irregularidades, desde adjudicaciones directas sin justificación hasta manipulaciones evidentes en licitaciones. Se presentan 18 observaciones y 9 recomendaciones, junto con 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, dos informes de presunta responsabilidad administrativa y dos denuncias de hechos.
Las irregularidades más destacadas se encuentran en la licitación ICHS-LP-014/2022, donde Farmacéutica Medikamenta obtuvo el contrato sin cumplir con requisitos esenciales, como la copia simple de la última verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Además, se ha revelado que dos participantes presentaron documentación cuya veracidad no pudo comprobarse.
A partir de esta licitación, se llevó a cabo el contrato plurianual ICHS143/2022, por 180 millones de pesos, con Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V. y Santek Health S.A. de C.V. Ambas empresas presentaron documentos cuestionables, como avisos de registro que no pudieron ser verificados y afirmaciones falsas sobre su inclusión en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado.
La ASE y la FGR han iniciado procedimientos sancionatorios y denuncias correspondientes. Además, el informe destaca otras prácticas corruptas, incluyendo contratos sin justificación y falta de procedimientos normativos, involucrando a empresas como Biodist S.A. de C.V. y Centrum Promotora Internacional.
