Redacción
México.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha alertado sobre deficiencias en el manejo de recursos en la mayoría de las Universidades Públicas Estatales (UPE), según un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda fase de las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
La ASF identificó deficiencias e irregularidades en 27 de las 35 universidades públicas estatales, totalizando mil 700 millones de pesos en fondos cuestionados. Las instituciones más señaladas por aclarar montos son las universidades autónomas de Coahuila con 613 millones de pesos, Nayarit con 431, Nuevo León con 210 y Sinaloa con 128.
El Imco resalta que estas deficiencias en la gestión de los recursos públicos directamente afectan a 85 mil docentes y la calidad educativa ofrecida a más de 1.7 millones de estudiantes matriculados en estas instituciones.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran fallas en el reporte y reintegración de recursos a la Federación, deficiencias en los sistemas de control interno, discrepancias y omisiones en la información contable, así como irregularidades en los sistemas de nómina.
Por ejemplo, la Universidad del Carmen en Campeche no reintegró oportunamente 18.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, mientras que la Universidad Autónoma de Coahuila no acreditó el monto total del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a sus trabajadores durante 2022.
La Universidad Autónoma de Nuevo León no presentó comprobantes de pagos a la Comisión Federal de Electricidad correspondientes a participaciones federales, y no cumplió con la entrega de documentación relacionada con la adquisición de medicamentos valuados en 85 millones de pesos.
Además, la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó pagos improcedentes por un total de 26 millones de pesos a 393 trabajadores que no forman parte de la plantilla autorizada por el máximo órgano de Gobierno de la institución.
El Imco subraya que la calidad de la educación ofrecida por estas universidades es crucial para garantizar la competitividad y el desarrollo económico y social de México, pero es necesario que cuenten con las dinámicas, sistemas y recursos necesarios para garantizar el ejercicio correcto de los recursos públicos federales que reciben.
