Redacción
México.- La diputada priista, Silvia Sánchez Barrios, presentó una iniciativa llamada ‘Ley Ocaña’ que busca castigar a nivel Federal hasta con siete años de prisión o multas de una 700 a 1,300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a funcionarios públicos que filtren, guarden o exhiban material audiovisual o documentos relacionados con un hecho delictivo.
El pasado martes 5 de septiembre, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa que busca reformar los artículos 225 BIS y 281 BIS del Código Penal Federal y así sancionar a servidores públicos que por su trabajo tengan acceso a la información de un hecho delictivo, y que indebidamente difundan, transmitan, publiquen, expongan, remitan, distribuyan, video graben, audio graben, filmen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos, documentos, relacionados con los hechos delictivos.
Además, las sanciones se elevarán a la mitad cuando el ilícito involucre a mujeres, niñas, niños, adolescentes o alguna persona en situación de vulnerabilidad.
Sánchez Barrios aseguró que también tiene el objetivo de salvaguardar la dignidad y honra póstuma de las personas fallecidas y de sus familiares, al evitar la filtración de materiales o información en relación con un hecho delictivo que implique daño y menoscabo.
La iniciativa fue nombrada ‘Ley Ocaña’ en referencia a la difusión de fotografías del cuerpo sin vida del actor Octavio Ocaña, quien era conocido por interpretar el papel de Benito Rivers en la serie mexicana “Vecinos”, y falleció el pasado 29 de octubre de 2021.
Ante el pleno, la legisladora sentenció que “en México es constante la filtración de información en redes sociales y medios de comunicación relacionada con alguna causa penal que implica el daño y menoscabo a la dignidad humana de una persona, e incluso de su familia”.
Aseguró que aunque la filtración de este tipo de imágenes ya es penalizada a nivel local, en esta ocasión busca elevarlo a nivel federal, y así todas las entidades castiguen estos actos y protejan los datos personales y la intimidad de las víctimas.
Bertha Ocaña, hermana del actor, estuvo presente y celebró la iniciativa, la cual consideró “tiene más significado que nunca”, pues rememoró el caso de su hermano y reprobó de forma tajante que “personas sin escrúpulos le hayan tomado fotografías en el estado que se encontraba para posteriormente comercializarlas con fines de lucro, así como para fomentar el morbo y lastimar el dolor profundo de una familia”.
Antecedentes y Ley Ingrid
En noviembre de 2022, a poco más de un año de la muerte del actor, la diputada morenista, Luz María Hernández Bermúdez, presentó ante el Congreso del Estado de México una iniciativa para reformar el Código Penal mexiquense, la cual fue conocida como “Ley Octavio Ocaña”.
Dicha iniciativa tuvo el objetivo de endurecer las sanciones hacia servidores públicos que cometan delitos relacionados con el respeto a cadáveres, y para quienes filtren o compartan imágenes de las víctimas.
Por otro lado, el 23 de marzo de 2022, la Cámara de Diputados aprobó la “Ley Ingrid”, una reforma al Código Penal Federal que castiga, hasta con diez años de cárcel, a funcionarios públicos y ciudadanos que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
La “Ley Ingrid” surgió a raíz de la difusión en medios de comunicación del cuerpo descuartizado de Ingrid Escamilla Vargas, de 25 años, quien fue víctima de femicidio en manos de su pareja el 9 de febrero de 2020.
El caso de la joven estableció un parteaguas para la discusión en torno a la revictimización de las mujeres asesinadas y sus familiares, así como sobre la difusión de imágenes y videos de los hechos delictivos o de los afectados.
