Redacción
Ciudad Juárez.- Apenas una semana después de la muerte de 40 personas por un incendio, encerradas en una de sus estaciones de retención, en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró en un informe a la Cámara de Diputados que en sus centros de alojamiento se otorga a los migrantes “instalaciones seguras, hospedaje, agua y alimentos, kits de higiene”, entre otros apoyos.
En el reporte entregado al pleno del Palacio Legislativo el 4 de abril, el INM asegura que garantiza a los extranjeros que van de paso rumbo a Estados Unidos “apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes, mejoras en la infraestructura de albergues, insumos para la adecuada estancia de personas migrantes y refugiadas, el acompañamiento de los organismos internacionales para los nuevos albergues que las autoridades locales y estatales implementen para recibir flujos de personas migrantes”.
Señala que ofrece la “entrega de insumos para el fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de la red de albergues en México; apoyo para compra de alimentos para albergues, respaldo para hospedaje, kits de higiene”. Además dan “alternativas para personas migrantes y refugiadas y la coordinación con los tres órdenes de gobierno y los organismos internacionales para facilitar la inserción en México”.
Ello, en respuesta a una solicitud de los legisladores, mediante un punto de acuerdo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y el INM, en ejercicio de sus facultades, continúen con las acciones encaminadas a la protección, seguridad y bienestar de las personas migrantes que se encuentran en tránsito y refugiadas en el país, “así como para que se les brinde la atención adecuada, auxiliándose con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados”.
Los migrantes detenidos en Ciudad Juárez permanecían –el 27 de marzo– en una de las estaciones migratorias más viejas, construida en 1995 y sin remodelaciones, con cupo para 60 personas, pero donde había más de 80; no tenían agua ni alimentos. Fueron despojados de sus pertenencias y encerrados en una estancia con rejas, como celdas.
No obstante, y a pesar de las observaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde hace décadas, el informe del INM asegura que “la política migratoria del Estado mexicano se sustenta, entre otros principios, en el de respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales o extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes, personas de la tercera edad y víctimas de delito”.
Recuerda que “en el mes de enero el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas de control en la frontera y procesos más seguros y ordenados, como preparativos para lograr una migración ordenada, segura, regular y humana, que pongan fin a la orden de salud pública, conforme al Título.
Ante estas medidas –añade– “el gobierno de México fortalecerá el diálogo y la colaboración con los organismos internacionales, a partir del grupo de acción humanitaria establecido en octubre de 2022, cuyo propósito es coordinar y aumentar las medidas de protección para las personas migrantes y refugiadas que se encuentren en territorio nacional desde una perspectiva de derechos humanos”.
“Las autoridades de México evaluarán periódicamente el desarrollo del nuevo programa a fin de mejorar sus resultados y valorar su continuidad”.
