Redacción
Irapuato. – El director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? (OCI), Raúl Calvillo Villalobos, cuestionó la discrepancia en las cifras de privación ilegal de la libertad entre el Municipio y la Fiscalía Estatal de Justicia, pues comentó que uno de los motivos por los que los familiares de las víctimas de este delito no denuncian ante la instancia estatal es debido a la desconfianza, temor y falta de seguimiento.
Esto después de que el Programa Municipal de Seguridad Pública de Irapuato, reveló un aumento de casos de privación ilegal de la libertad.
Ahí se destacó que del 2016 al 2018, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atendieron 21 reportes por este motivo, los 3 años siguientes fueron 220 asuntos.
“Desafortunadamente en las cifras no hay una clasificación como tal de si se tratan de secuestros o el delito de la privación ilegal de la libertad de la libertad. Tampoco no vemos si estos delitos tienen relación a otros delitos como extorsión, robo y homicidio, entre otros delitos”, comentó el director.
Asimismo, Calvillo Villalobos, señaló que uno de los factores es que los familiares de las víctimas de este delito no denuncian por temor y también por deficiencias en los trabajos que realiza la Fiscalía de Justicia de Guanajuato.
“Desafortunadamente no pasa más allá de lo que salga en los medios de comunicación. Ya no se da seguimiento, no se informa si las personas pudieron regresar a su hogar. En el 98% de los casos no se sabe qué pasó con esa persona y entonces pasan a calidad de desaparecidas porque al final del día no hay un seguimiento”, destacó.
Finalmente, aseguró que en ello no se informa si las personas estaban sujetas a amenazas, si se está relacionado con crimen organizado, privación de la libertad, o llamada de extorsión.
Con información de Periódico Correo.
